La experiencia del FREPU (I)
por
Rodrigo López y Victoria Bona.
EL
PCA Y EL MAS ENTRE LA DICTADURA Y LA DEMOCRACIA
La
retirada del poder de los militares en Argentina se dio en un contexto de
renovada conflictividad social y política. El descontento contra la dictadura
se expresó en una variedad de terrenos e involucró a una amplia gama de actores
sociales; el mundo del trabajo, las universidades, el movimiento de derechos
humanos, los movimientos barriales, el movimiento de mujeres, y el que hoy
llamamos de disidencias sexuales, el campo artístico y cultural, fueron un
terreno fértil de donde emergieron demandas de lo más heterogéneas. A partir de
este proceso creciente de politización, una nueva ola de militancia emergió en
la Argentina que, aunque benefició mayoritariamente a los partidos
tradicionales como el peronismo o el radicalismo, también alcanzó a la
izquierda, cuya actividad se vio sustancialmente amplificada gracias a las
transformaciones que el nuevo contexto político y social proveía. En
consecuencia, el escenario abierto en el país tras la derrota en la Guerra de
Malvinas, la crisis del régimen militar, y la perspectiva del retorno
institucional, contribuyeron a ampliar el campo de acción tanto para el MAS
como para el PCA, donde se verificaron importantes modificaciones en sus
estructuras organizativas, como reformulaciones programáticas y políticas. Este
proceso alcanzó a gran parte de las organizaciones políticas en la coyuntura de
la vuelta a la democracia; no obstante, es necesario reconocer las
especificidades en la manera en que ambos partidos transitaron el período.
Estas variaciones pueden explicarse, en primer lugar, por las tradiciones
políticas en las cuales cada una de ellas abrevaba, pero que están lejos de
poder reducirse a ellas. Mientras el MAS se reconocía como parte de la herencia
trotskista, el PCA mantenía una orientación afín a la línea soviética y
castrista. Asimismo, los puntos de partida en este proceso de recomposición
militante fueron notablemente diferentes, como la forma en que transitaron los
años dictatoriales. El PCA fue una de las pocas organizaciones políticas no
ilegalizadas por la dictadura militar, –aunque cabría señalar que mantuvo
esferas de su intervención en la clandestinidad–. Por el contrario, la
actividad de Partido Socialista de los Trabajadores (organización que antecedió
al MAS, fundada en 1972) fue prohibida por el régimen militar, lo que obligó a
la organización a clandestinizar al conjunto de su militancia. El hecho de no
ser ilegalizado permitió al PCA mantener en términos relativos su estructura
militante y, en consecuencia, encontrarse mejor posicionado en los años de
transición[1]. El caso del MAS se
trataba de una organización nueva en el campo de las izquierdas argentinas
fundada en septiembre de 1982, que fue el punto de confluencia de agrupaciones
socialistas con el PST, y que en este contexto contaba con una estructura
organizativa menor a la del PCA.
El
reanimamiento de la actividad partidaria, la afluencia de nuevos jóvenes a la
militancia (así como el retorno de los exiliados y las exiliadas al país) y una
época que era vivida como refundacional, estimularon los debates al interior de
cada una de ellas sobre cómo intervenir en la nueva coyuntura política. La
participación en las elecciones del 30 de octubre de 1983 vino acompañada por
un conjunto de discusiones vinculadas a las lecturas que cada organización
realizaba sobre el escenario político, como también del balance de lo actuado
en el pasado reciente. Ese proceso electoral encontró a un PCA en una buena
situación para afrontarlo, con una militancia en crecimiento y una red nutrida
de locales. Pero al mismo tiempo, atravesaba un proceso de reconversión respecto
de las orientaciones moderadas hacia la dictadura militar asumidas por la
dirección que pivotearon entre criticar al programa económico militar y
sostener la consigna de “convergencia cívico-militar”. En este marco, el PCA
ensayó la línea de apoyo al peronismo y apostó a la confluencia
peronista-comunista con la convicción de que esta era “el núcleo de la unidad
obrera y popular, la base principal –no excluyente– de la Argentina por venir”[2]. Llegado el momento de
definir las candidaturas, en el XV Congreso, el PCA declinó sus propios
candidatos a presidente y vicepresidenta (Rubens Íscaro e Irene Rodríguez,
respectivamente) para apoyar a la fórmula del PJ, por considerar que era la
manera más efectiva de no aislarse de las trabajadoras y los trabajadores. Para
las elecciones legislativas, el partido mantuvo listas propias. A diferencia
del PCA, el MAS presentó una candidatura propia para las presidenciales con la
fórmula Luis Zamora-Silvia Díaz, además de sus listas a diputados/as. Como ha
sido planteado por María Florencia Osuna, a los fines de insertarse en un nuevo
contexto ideológico y político de creciente revalorización de la democracia
como horizonte, el MAS estructuró un discurso y un perfil político centrado en
la idea de “socialismo democrático” (Osuna). Si bien a diferencia del PCA, no
avizoraba ni la posibilidad, ni la necesidad de alianzas electorales con el
peronismo, los documentos internos apelaron a organizar la campaña electoral
haciendo un fuerte hincapié en la necesidad de captar el voto entre las y los
trabajadores peronistas[3]. Las elecciones de 1983 se desarrollaron en el
marco de una profunda polarización entre el peronismo y el radicalismo,
invistiendo como presidente a Raúl Alfonsín de la Unión Cívica Radical. En este
marco, la performance electoral del MAS y el PCA fue pobre: la candidatura
presidencial del MAS obtuvo el 0.3% de los votos, y el PCA, salvo en Capital
Federal, provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza, apenas superó el 0.7%
con sus listas legislativas en el resto del país.
En
la campaña de 1983 es posible detectar que entre ambas organizaciones se
delineó un campo común de preocupaciones sobre las cuales centraron sus
propuestas. Por un lado, apareció con claridad un fuerte sentido de apelación
al voto del trabajador y de la trabajadora peronista. Esta apelación formó parte
de un proceso más amplio de revisión de las relaciones entre izquierda y
peronismo que iba más allá del problema electoral. El terreno de lo sindical
fue un escenario, quizás de los más destacados, en donde ambas organizaciones
revisaron sus estrategias de intervención y apostaron a una confluencia con
corrientes del sindicalismo peronista en diferentes gremios y espacios de
trabajo. Por otra parte, las consignas contra la deuda externa y la injerencia
del FMI se encontraron entre los perfiles políticos de mayor relevancia en las
elecciones. El tópico que hacía énfasis en la disyuntiva
liberación/dependencia, potenciado en el contexto de la Guerra de Malvinas y
tras los efectos de la crisis de la deuda de 1982, indujeron transformaciones
notables, con intensidades y ritmos dispares, en las consignas del PCA y del
MAS. Alfonsín asumió el gobierno con una carga importante de expectativas
sociales en la naciente democracia y heredó un cuadro caótico en el frente
económico y social. La reactivación de la industria, la espiral inflacionaria,
la condena contra la violación de los Derechos Humanos en la dictadura militar,
el problema salarial y las relaciones con los sindicatos peronistas estuvieron
entre las principales preocupaciones en los tramos iniciales del proceso de
institucionalización democrática.
En
los primeros años de democracia alfonsinista, las posiciones asumidas por el
PCA y el MAS frente al gobierno nacional tuvieron matices.
El
gobierno de Alfonsín fue caracterizado por el PCA como uno de tipo democrático,
burgués, reformista y nacional que contaba con sectores progresistas, cuya
presencia habilitaba la posibilidad de alianzas circunstanciales. En el momento
inmediatamente posterior a la asunción del radicalismo, el partido osciló entre
una posición de apoyo y de crítica; de apoyo en materia de recuperación de la
institucionalidad democrática y de crítica en materia de política económica,
denunciando al gobierno como “tímido” ante las exigencias del FMI. El PCA se
consideraba a sí mismo como un potencial aliado para torcer lo que creía una
puja entre la oligarquía, los monopolios, la banca internacional y los grandes
capitales, por un lado, y por el otro, la naciente democracia con orientación
popular[4]. Esa puja fue interpretada
a través del binomio liberación/dependencia y frente a ese escenario, la
presión popular de la que los y las comunistas se consideraban parte era un
elemento decisivo, aunque siempre atento a no sobrepasar los límites que la
defensa de la democracia recién reconquistada imponía. La democracia también
representaba a uno de los polos de la antinomia en el discurso comunista; era
la base de lanzamiento para luchar por el socialismo, era la garante de la
liberación y también su condición. Como contraparte, la desestabilización era
la compañera de ruta de aquel enemigo principal que se encontraba en el campo
opuesto de la línea divisoria trazada por el PCA: el imperialismo, los
monopolios y el gran capital.
Las
posiciones del MAS ante el gobierno alfonsinista se articularon alrededor de la
lectura que hacía el partido de la etapa abierta tras la Guerra de Malvinas y
la retirada del poder militar que definía al proceso como el de una “revolución
democrática”. El triunfo de Alfonsín fue interpretado como la expresión
política de un sector mayoritario del movimiento obrero y de la clase media que
votó contra los “totalitarismos”, cuya cara más visible aparte de ser el propio
régimen militar, también lo eran aquellos sectores del peronismo, en particular
las direcciones sindicales que habían mantenido una posición de negociación y
diálogo con los jefes de la dictadura. La política del partido durante el
primer año de gobierno alfonsinista acusó recibo de las expectativas sociales
puestas en este, al mismo tiempo que buscó delimitarse denunciando las
políticas económicas del radicalismo, percibidas en lo esencial como una
continuidad de la política militar de atacar a las condiciones de vida de los
trabajadores y las trabajadoras. Uno de los terrenos predilectos de intervención
del MAS en los albores de la democracia fueron los sindicatos, en donde se
propuso profundizar el proceso de “revolución democrática” enfrentándose a un
sector de las conducciones tradicionales de los sindicatos en lo que entendían
que era uno de los “bastiones” de los resabios autoritarios del pasado. Fue en
el terreno de las luchas laborales –que en los años 1984-1985 se intensificaron
notablemente– en donde para el MAS se “desnudaba el carácter antiobrero” (MAS,
“Minuta sobre la situación nacional”) del alfonsinismo, constituyendo una de
las denuncias centrales del partido contra el gobierno. Recostándose en una
retórica, desde nuestra perspectiva, obrerista[5], a diferencia del PCA, el
MAS esbozó un perfil claramente más opositor contra el radicalismo en el que no
vislumbraba demasiados terrenos de coincidencia. A pesar de que en los
diagnósticos o en la intervención política sobre algunos frentes el PCA y el
MAS por momentos se encontrasen en posiciones antagónicas –como por ejemplo en
las elecciones sindicales que tuvieron lugar entre fines de 1984 y principios
de 1985– algunas problemáticas y procesos de la época actuaron creando un campo
común en donde confluyeron miradas, lecturas y diagnósticos que los acercaban.
El
más destacado fue la denuncia contra la injerencia del FMI en los asuntos
económicos del país. Como planteamos, las campañas electorales de 1983 de ambas
organizaciones levantaron con fuerza la consigna del no pago a la deuda
externa. La política en materia económica del alfonsinismo estuvo fuertemente
condicionada por el abrumador peso de los compromisos con los acreedores
externos y los organismos de crédito internacional. La gestión en la cartera
económica de quien sería su primer ministro, Bernardo Grinspun, se caracterizó
por adoptar un programa heterodoxo que se proponía satisfacer los reclamos de
recomposición salarial del movimiento obrero, reducir los índices
inflacionarios y subordinar la actividad financiera[6]. No obstante, el fracaso
de este enfoque, que no pudo contener el desenfrenado crecimiento de la
inflación en 1984, y los cuestionamientos del FMI a los planes económicos de
Grinspun, pusieron fin a este breve experimento. En diciembre de 1984 se firmó
un stand-by en que Argentina se comprometía a hacer un severo ajuste monetario,
y en febrero de 1985, renunció el gabinete de economía y asumió uno nuevo. Bajo
la gestión de Juan Sourrouille, la política del radicalismo en este terreno
iniciaría un giro hacia posiciones más ortodoxas, que tendrían una primera
expresión en junio de 1985 con el llamado Plan Austral: un programa que congelaba
tarifas, precios y salarios y priorizaba la estabilidad monetaria y
macroeconómica por sobre la redistribución del ingreso. Esta nueva orientación
se alinearía mejor con las condiciones que quería imponer el capital financiero
y los grupos concentrados de la economía. En lo que respecta al PCA y el MAS,
este viraje del gobierno radical actuó acentuando las coincidencias sobre las
valoraciones hacia el alfonsinismo y reforzó la lectura de la realidad del país
a partir del binomio liberación/ dependencia. El MAS aseguraba que se estaba
ante un “verdadero golpe antiobrero y entreguista que significa el plan
económico del gobierno y el FMI”, y que esta coyuntura facilitaba “el pasaje a
la oposición del PC”[7]. Para los y las
comunistas, el Plan Austral era un programa “antisalarial” que reducía los
ingresos de la clase trabajadora destinando “esa masa de dinero al imperialismo
y la oligarquía, acentuando la concentración del poder económico” y que, en
consecuencia, la política del gobierno marchaba “hacia una mayor dependencia”[8]. La realidad del país para
ambas organizaciones se sintetizaba en la disyuntiva “FMI o pueblo”, siendo
este uno de los cimientos sobre el que se constituyó el FREPU.
[1]
Gabriela Águila, “La
izquierda argentina entre la dictadura y la transición democrática: notas para
su estudio”, en: Revista Historia Social
y de las Mentalidades, vol. 23, no. 2, 2019, p. 287.
[2]
Natalia Casola, El PC argentino y la dictadura militar.
Imago Mundi, 2015, p. 212.
[3]
MAS, “Participemos
en las elecciones para llamar a la movilización obrera y popular contra el pago
de la deuda externa”, 12 de agosto de 1983, Documentos de la Fundación Pluma,
pp.14-15.
[4]
Qué Pasa, Año 3, N° 149, 4 de enero de 1984,
pp.2-4.
[5] Decimos obreristas a la centralidad
otorgada a la clase trabajadora por sobre otros sujetos sociales en el programa
y en las prácticas políticas de la organización.
[6]
Daniel Azpiazu y Martín Schorr,
Hecho en Argentina. Industria y Economía,
1976-2007, Buenos Aires, Siglo XXI, 2010. p. 80.
[7]
MAS, “Circular N° 98, 27 de junio”, Documentos de la Fundación
Pluma, pp 3.
[8]
Qué
Pasa, Año 5, N°
226, 3 de julio de 1985, p. 2.
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